El sector sanitario y en concreto la industria farmacéutica es uno de los sectores más regulados dentro nuestra economía. Regulación que se entiende por la específica particularidad del mismo y porque afecta a la protección a la salud que ya aparece recogida en el artículo 43 de la constitución española.
Esta regulación se distribuye entre la administración general del estado y las CCAA, siendo la primera la responsable de la legislación sobre productos farmacéuticos. Por otro lado, son propias de las comunidades autónomas las competencias en materia de ejecución, administración y gestión.
Y es aquí donde tratamos un apartado muy específico que es la fijación de los precios de los medicamentos por ende la financiación de los mismos. Aquí intervienen organizamos estatales como son la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y en particular la Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos, adscrita al Ministerio de Sanidad que finalmente establece el coste.
Esta comisión está integrada por representantes de tres ministerios; Economía, Industria y Hacienda y tres delegados de diferentes comunidades autónomas. Aunque tienen la obligatoriedad de reunirse en diez sesiones al año en la realidad nos estamos encontrando con retrasos y cancelaciones.
Estas reuniones de la Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos son esperadas por muchos directores generales de laboratorios farmacéuticos y sus equipos de acceso al mercado con gran impaciencia y expectativa.
Y esto se entiende ya que apuntando a la cifra que el medio Diariofarma indicaba el pasado 4 de Diciembre sólo se están aprobando el 55% de los tratamientos que pasan por sus manos y esto con retrasos. Sin duda es fundamental trabajar en la sostenibilidad del sistema, pero más importante es ofrecer oportunidades y esperanza a los pacientes que esperan nuevas alternativas terapéuticas.
A todo lo anterior se une la disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones generales que complica y ralentiza el trabajo de la comisión de precios.
Esto tiene repercusiones directas en la economía real ya que hay muchos laboratorios que están retrasando o condicionando inversiones a la fijación del precio y/o de un precio determinado y su decisión de lanzar un medicamento nuevo en España. En los últimos meses hemos sido testigos dentro de Hays de la decisión por parte de algunos laboratorios de retrasar la selección e incorporación de profesionales en su compañía hasta que se resuelva esta situación y en algunos casos estas demoras implican esperas de más de medio año.
Puestos comerciales y de acceso al mercado son los más perjudicados por esta situación.
Un sistema estable, predecible, ajeno a cambios políticos y en los impere la seguridad jurídica es una base mínima y fundamental para atraer las mejores inversiones a nuestro país y se cree empleo de calidad.
Estaremos atentos a los próximos meses y seremos optimistas. ¿Podemos actuar de otra forma?
Sergio Hinchado Leal
HAYS National Business Manager - Life Sciences
